Qué necesitas saber antes
- Andrés Pinilla Antón, especialista en el sector, señala que el RDL 7/2025 había integrado de manera efectiva el almacenamiento en la estrategia energética nacional y destaca la urgencia de restablecer medidas como la declaración de utilidad pública y la exención ambiental en hibridaciones.
- Por otro lado, AEPIBAL advierte que “tirar este RDL a la basura es parar el juego a mitad de partido”, mientras que la asociación estima que el cese de las medidas del decreto pone en riesgo más de 2.
- Los diversos actores del sector coinciden en la importancia de elaborar un marco legislativo específico para el almacenamiento, ya sea a través de una nueva ley o mediante consenso en el Parlamento.
El rechazo del Congreso a la convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 ha tenido un impacto que frena medidas clave para el almacenamiento energético, poniendo en peligro más de 2.000 millones de euros en inversiones y 5 GW de capacidad prevista.
El decreto contenía una serie de medidas cruciales para el avance del sector, entre las que se enumeran:
- Declaración de utilidad pública del almacenamiento.
- Exención de evaluación ambiental para proyectos de hibridación.
- Prioridad de redespacho para instalaciones con almacenamiento.
- Creación de la figura del agregador de demanda.
- Actualización del sistema de hitos del RD-Ley 23/2020.
- Definición regulatoria de la potencia instalada en instalaciones con almacenamiento.
- Mecanismos de acceso flexible a la red.
- Concursos específicos de capacidad destinados a esta tecnología.
Desde ASEALEN, su director Raúl García Posada destaca la necesidad inmediata de modificar los Reales Decretos 413/2014, 1183/2020 y 244/2019 en aspectos como la prioridad de despacho, condiciones de acceso, autoconsumo con almacenamiento y definición de potencia instalada. Según García Posada, “deben ser de muy rápida implantación”.
Por otro lado, AEPIBAL advierte que “tirar este RDL a la basura es parar el juego a mitad de partido”, mientras que la asociación estima que el cese de las medidas del decreto pone en riesgo más de 2.000 millones de euros en inversiones, incluyendo 700 millones en ayudas públicas del PERTE y fondos FEDER destinados a alcanzar los primeros 3 a 5 GW de almacenamiento hasta 2030.
Andrés Pinilla Antón, especialista en el sector, señala que el RDL 7/2025 había integrado de manera efectiva el almacenamiento en la estrategia energética nacional y destaca la urgencia de restablecer medidas como la declaración de utilidad pública y la exención ambiental en hibridaciones. Propone dividir el texto en iniciativas legislativas más pequeñas para evitar obstáculos políticos.
Desde el ámbito empresarial, Mikel Pino, que lidera el sector de almacenamiento en Exus Management Partners, opina que el RDL ofrecía certezas regulatorias para ingresos por servicios de voltaje y simplificación de trámites. Sin embargo, resalta que faltaron objetivos concretos en MW y un calendario claro, a pesar de los avances logrados.
Los diversos actores del sector coinciden en la importancia de elaborar un marco legislativo específico para el almacenamiento, ya sea a través de una nueva ley o mediante consenso en el Parlamento.
Desde AEPIBAL destacan que “estamos a medio metro de ser un país excepcional en su modelo energético y no estamos dispuestos a morir en la orilla”. Mientras tanto, el sector se moviliza para reivindicar los elementos esenciales del RDL que siguen en el aire.
