Qué necesitas saber antes
- Este impulso es crucial en un momento en que, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, España debe alcanzar una capacidad eólica instalada de 62 GW para 2030, lo que implica añadir alrededor de 4,9 GW anualmente a partir de 2025.
- La corte respondió a una consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), determinando que la normativa europea no exige una nueva fase de consulta pública tras la inclusión de informes sectoriales en el proceso de evaluación ambiental.
- La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU) ha otorgado una nueva orientación a la evaluación ambiental realizada por la Xunta de Galicia, aclarando cuestiones sobre la participación ciudadana en proyectos de energías renovables.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU) ha otorgado una nueva orientación a la evaluación ambiental realizada por la Xunta de Galicia, aclarando cuestiones sobre la participación ciudadana en proyectos de energías renovables. Esta decisión podría abrir la puerta a inversiones superiores a 3.000 millones de euros en la región.
Este fallo, emitido el pasado viernes, representa un avance crucial para el desarrollo de la energía eólica en Galicia. La corte respondió a una consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), determinando que la normativa europea no exige una nueva fase de consulta pública tras la inclusión de informes sectoriales en el proceso de evaluación ambiental.
Según el CJEU, “la legislación de la UE no establece que el público tenga derecho a presentar observaciones sobre esos informes una vez publicados. Lo importante es que se permita la participación del público en una fase temprana y significativa.”
La decisión ha sido esperada con entusiasmo en el sector, ya que aborda una de las principales controversias legales que ha impedido el avance de más de 70 parques eólicos en Galicia, con una capacidad combinada que supera 2.500 MW. Actualmente, el gobierno regional ha informado que 97 proyectos están sujetos a procedimientos legales.
Desde el ámbito industrial, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha expresado su apoyo, señalando que la resolución es “un paso clave para restaurar la seguridad jurídica y avanzar en la transición energética.” La asociación subraya que Galicia ha sido una de las regiones más afectadas por la judicialización de proyectos, impactando directamente en la cadena de valor, el empleo y los objetivos climáticos.
Reacciones y Controversias
Pese a las celebraciones en el sector energético, organizaciones ambientales y la oposición política han manifestado su descontento. Grupos como Petón do Lobo y Adega advierten que la sentencia no responde a preocupaciones más profundas planteadas en demandas legales, como la fragmentación de proyectos o la falta de evaluaciones de impacto acumulativo.
Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), se ha enfatizado que el modelo actual de energía eólica en la región aún no garantiza una consulta pública efectiva ni beneficios territoriales claros.
Impulso necesario
Más allá del debate político, la decisión del CJEU aporta claridad legal y mayor previsibilidad para desarrolladores e inversores. La reactivación de los proyectos parados podría movilizar más de 3.000 millones de euros en inversión privada y crear hasta 20.000 empleos, según estimaciones de medios regionales.
Este impulso es crucial en un momento en que, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, España debe alcanzar una capacidad eólica instalada de 62 GW para 2030, lo que implica añadir alrededor de 4,9 GW anualmente a partir de 2025.
Actualmente, el país cuenta con 32.610 MW de capacidad eólica instalada, lo que requiere casi duplicar esta cifra en solo cinco años. A fecha de julio de 2025, solo se han conectado 1.803 MW de nueva capacidad, muy por debajo del ritmo necesario.
La parálisis judicial de los proyectos representa un obstáculo crítico para alcanzar los compromisos climáticos y mantener la competitividad industrial del país. Galicia, que posee algunos de los mejores recursos eólicos de España, es clave para cumplir con esta hoja de ruta.
Desde el sector, se espera que esta sentencia sea un precedente para otras regiones que enfrentan desafíos similares y ayude a acelerar la autorización de proyectos clave, dado que cumplir con los objetivos del PNIEC demanda una aceleración realista pero firme del despliegue de energías renovables.
