Qué necesitas saber antes
- En su fallo, la jueza subrayó la insuficiencia del proceso, destacando cinco problemas principales, entre ellos la falta de un estudio adecuado sobre las consecuencias de un desastre para las comunidades, la desconsideración de las leyes de protección costera, una evaluación inadecuada de los impactos del cambio climático, la ausencia de un análisis del daño transfronterizo y la falta de transparencia con respecto a planes de emergencia clave.
- A pesar de que la evaluación del impacto ambiental del proyecto señalaba que un derrame de petróleo podría causar graves daños al entorno costero, el tribunal concluyó que no se habían evaluado adecuadamente los impactos económicos y sociales en los pescadores a pequeña escala y las comunidades costeras dependientes de estas aguas para su alimentación e ingresos.
- Donde sea necesario, continuaremos acudiendo a nuestros tribunales para no solo detener a los que se presentan bajo el disfraz de crecimiento y desarrollo, sino para asegurarnos de que los impactos de la exploración y producción de petróleo y gas sean debidamente examinados y que nuestras personas y recursos no sean explotados.
Las actividades de perforación en alta mar planeadas por TotalEnergies (Francia) y Shell (Reino Unido) en la costa de Sudáfrica han encontrado un obstáculo significativo. El Tribunal Superior de la Provincia Occidental ha anulado la autorización ambiental otorgada por el gobierno sudafricano para la perforación en el Bloque 5/6/7, situado en la costa suroeste del país.
La sentencia emitida por la jueza Mangcu-Lockwood se produjo tras una intensa impugnación legal de Green Connection y Natural Justice, que cuestionaron la forma en que se evaluaron los riesgos ambientales y sociales. El tribunal ha devuelto la responsabilidad al Departamento de Minerales y Petróleo, exigiendo nuevas evaluaciones, información adicional y participación pública.
La filial TotalEnergies EP Sudáfrica, que ya había obtenido la autorización para las operaciones de perforación, deseaba ceder esta aprobación a Shell. Sin embargo, las organizaciones medioambientales han interpuesto un recurso legal al considerar que el proyecto perjudicaría la vida marina.
El Bloque 5/6/7 es propiedad conjunta de la empresa estatal de petróleo de Sudáfrica, PetroSA, TotalEnergies y Shell, siendo la empresa francesa la operadora. En su fallo, la jueza subrayó la insuficiencia del proceso, destacando cinco problemas principales, entre ellos la falta de un estudio adecuado sobre las consecuencias de un desastre para las comunidades, la desconsideración de las leyes de protección costera, una evaluación inadecuada de los impactos del cambio climático, la ausencia de un análisis del daño transfronterizo y la falta de transparencia con respecto a planes de emergencia clave.
Shahil Singh, asesor legal de Green Connection, afirmó: “Se omitieron de forma crítica los planes de contingencia para derrames de petróleo y explosiones, que fueron ocultados al público hasta después de la aprobación, lo que impidió a las comunidades opinar sobre su preparación ante emergencias. Total y Shell deberán realizar estudios adicionales, hacer públicos estos planes y evaluar adecuadamente tanto los riesgos costeros como los transfronterizos antes de que se tome cualquier decisión.
“Esto representa una victoria significativa para la transparencia, la precaución y los derechos de las comunidades costeras y los pescadores a pequeña escala que se niegan a ser marginados en decisiones que afectan sus medios de vida y el futuro de nuestros océanos.”
Pilares en los que se basa la sentencia
A pesar de que la evaluación del impacto ambiental del proyecto señalaba que un derrame de petróleo podría causar graves daños al entorno costero, el tribunal concluyó que no se habían evaluado adecuadamente los impactos económicos y sociales en los pescadores a pequeña escala y las comunidades costeras dependientes de estas aguas para su alimentación e ingresos.
A la luz de las limitaciones en la realización de evaluaciones, el tribunal determinó que se debe adoptar un enfoque de precaución, destacando que la falta de certeza científica no puede justificar el aplazamiento de medidas para prevenir la degradación ambiental.
Al situarse el proyecto en la zona económica exclusiva de Sudáfrica, en aguas consideradas propiedad pública costera, el tribunal confirmó que la evaluación de los impactos del cambio climático debe integrarse en el análisis. El fallo subraya que no tiene sentido centrarse en los beneficios de la producción sin considerar las consecuencias negativas del cambio climático, dado que las actividades de exploración y producción de petróleo y gas están interrelacionadas.
Melissa Groenink-Groves, de Natural Justice, comentó: “Este fallo es una victoria en la creciente oposición a la exploración de petróleo y gas en nuestro país. Recientemente, se han otorgado autorizaciones ambientales a varios proyectos de este tipo, pero esta decisión reitera que las empresas deben seguir el debido proceso, realizar evaluaciones exhaustivas y permitir que las comunidades tengan la oportunidad de ser escuchadas respecto a toda la información relevante.
“Esto reafirma que nuestra lucha por nuestros derechos ambientales es fuerte y debemos continuar por el futuro de nuestros hijos. Donde sea necesario, continuaremos acudiendo a nuestros tribunales para no solo detener a los que se presentan bajo el disfraz de crecimiento y desarrollo, sino para asegurarnos de que los impactos de la exploración y producción de petróleo y gas sean debidamente examinados y que nuestras personas y recursos no sean explotados.”
Los grupos medioambientales sostienen que los modelos científicos para posibles derrames en el proyecto indican que el petróleo podría alcanzar las aguas y costas de Namibia. Por ello, subrayan que se deben considerar los impactos en los países vecinos, ya que la evaluación de impacto ambiental debe incluir los daños causados por impactos transfronterizos.
Además, se denunciaba que dos documentos, el Plan de Contingencia para Derrames de Petróleo y el Plan de Contingencia para Explosiones, no habían sido divulgados antes de la aprobación, lo que implicaba que las partes interesadas, incluidas las comunidades más afectadas en caso de un derrame, no pudieron opinar sobre cómo la empresa planeaba responder a un desastre.
Ante esto, el tribunal concluyó que la falta de esta información significaba que no se había realizado una evaluación completa de cómo TotalEnergies pretende responder a la contaminación o degradación ambiental, tal y como requiere la Ley Nacional de Gestión Ambiental.
El tribunal emite un conjunto de órdenes
Considerando todos estos puntos, el tribunal anuló la decisión de otorgar la autorización ambiental, argumentando que se debe tomar una nueva decisión permitiendo a TotalEnergies o Shell presentar nuevas o modificadas evaluaciones.
Estas evaluaciones deben contemplar los impactos socioeconómicos de un derrame en las comunidades costeras; los impactos climáticos del ciclo completo vinculados a la exploración y explotación; cada uno de los factores requeridos en la Ley de Gestión Costera Integrada; los impactos transfronterizos del proyecto en Namibia y planes detallados de respuesta en caso de derrames de petróleo.
Además, la nueva información debe someterse a consulta pública antes de que se tome una decisión. Este caso es más que un simple proyecto de perforación para el lobby ambiental, que resalta que la sentencia envía un mensaje claro sobre la necesidad de evaluaciones completas, abiertas y honestas, no estudios parciales, si un proyecto conlleva riesgos ambientales y sociales serios.
Liziwe McDaid, líder estratégica de Green Connection, comentó: “Las leyes de nuestro país exigen una evaluación completa, abierta y honesta, no estudios parciales o secretos que ignoren verdades incómodas. Para los pescadores a pequeña escala, los operadores turísticos y los residentes costeros de la Costa Oeste, esto significa que la ley está a su favor en la exigencia de la protección del océano del que dependen.
“Para el público, demuestra que los derechos ambientales, incluido el derecho a tener un medio ambiente protegido para las generaciones presentes y futuras, tienen un peso real en los tribunales. Y para nuestros vecinos, significa que los impactos transfronterizos del proyecto deben ser evaluados.”
Antes de reconsiderar cualquier aprobación del proyecto, TotalEnergies deberá presentar nuevas o modificadas evaluaciones que examinen completamente los impactos socioeconómicos de un derrame en las comunidades costeras, los impactos climáticos a lo largo del ciclo del proyecto, todos los factores exigidos por la Ley de Gestión Costera Integrada, los posibles impactos transfronterizos en Namibia y planes detallados de respuesta ante derrames, que estarán sujetos a un escrutinio público.
Lesai Seema, directora de Cullinan & Associates, expresó: “Damos la bienvenida a este fallo que se suma a los juicios emblemáticos en la litigación para detener a Shell de realizar sondeos sísmicos frente a la Costa Salvaje y que alinea la legislación sudafricana con el derecho internacional.
“La sentencia deja claro que la concesión de una autorización ambiental para la explotación de petróleo y gas en alta mar será ilegal si los responsables de la decisión no consideran cuidadosamente una serie de factores necesarios para salvaguardar los intereses colectivos a largo plazo de las personas y otros organismos vivos que dependen del medio ambiente costero y marino.”
